jueves, 4 de marzo de 2010

Desacuerdo entre gobierno y ONG por cifra desplazados en Colombia













Nunca más


Mientras Acción Social asegura que el fenómeno de desplazamiento se redujo en un 56 por ciento, la organización Codhes dice que las estadísticas fueron manipuladas.
Hasta el pasado noviembre se presentaron 72 casos masivos de desplazamiento. Foto: Semana.
El desplazamiento, una de las consecuencias de la guerra que más golpea a Colombia, vuelve a ser tema de debate. Esta vez, hay diferencias entre las cifras reveladas este lunes por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.

Según la primera, los casos de desplazamiento forzado en Colombia disminuyeron en el 2009 en un 56%, lo que equivale a que 40.713 familias menos que en el año anterior.

La base de datos de la entidad registró que el año pasado 71.815 hogares fueron expulsados violentamente de sus lugares de residencia, mientras que en 2009 fueron reportados 31.102, informó Diego Andrés Molano, director de Acción Social.

Sin embargo, hay profundas diferencias entre estos datos y los que maneja Codhes, una ONG que tradicionalmente se ha ocupado de informar sobre el desplazamiento en el país. Su director, Jorge Rojas, asegura que estos cálculos son parciales y que están sujetos a incremento, tal y como ocurrió en 2008.

El año anterior, dice Rojas, se registraron 380.000 personas desplazadas, mientras que el Gobierno colombiano indicaba que ese año habían sido sólo 180.000. "Un año después, Acción Social reconoce que en 2008 hubo al menos 280.000 personas desplazadas y el Gobierno pasa de agache, en una evidente manipulación de las cifras”, aseguró.

Hasta el pasado noviembre, se han presentado 72 casos masivos de desplazamiento, lo que equivale a 16.000 personas en departamentos como Nariño, Córdoba, Chocó y Cauca, hecho que el gobierno ni confirma, ni desmiente.

El documento presentado por Molano estableció una "asociación directa entre los cultivos ilícitos (de coca) y el desplazamiento, particularmente por las disputas que existen entre los grupos al margen de la ley por el control territorial. Eso es lo que hoy marca el desplazamiento".

También destacó que la dinámica reciente de este fenómeno en el país, desde 2002 hasta la fecha, muestra una "disminución sostenida de personas expulsadas en eventos masivos", explicación con la que nunca ha estado de acuerdo Codhes, pues asegura que contrario a lo que se cree, la Política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe ha reforzado el problema en los últimos años.

Publicado en Semana.com

La Seguridad Democrática en crisis

Tomado de la Revista Cambio.com.co


Medellín, agosto de 2009, comuna noroccidental: el ajuste de cuentas entre bandas ha incrementado los homicidios en este sector de la ciudad. Foto: Reuters


Los resultados de 2009 indican que la política de Seguridad Democrática ha empezado a declinar. Tuvo su punto más alto en 2008 cuando fueron extraditados 14 jefes paramilitares, se produjo la muerte de tres miembros del Secretariado de las Farc, se realizó la 'Operación Jaque' que trajo a la libertad a Íngrid Betancourt y a otros 14 secuestrados, y se redujo el tráfico de drogas.

Fue el momento cumbre de un proyecto que a lo largo de seis años había reducido los homicidios, los secuestros y el asedio de los grupos ilegales a los grandes centros de población y producción, mediante un gran esfuerzo del Estado y del sector privado que llevó a un aumento de más del 70 por ciento de los efectivos de la Fuerza Pública y a uno similar en los gastos de defensa.

Los impactantes resultados de 2008 generaron una gran euforia en el Gobierno y en la opinión pública y llevaron a pensar a muchos sectores que los paramilitares eran asunto del pasado y que las guerrillas estaban en su momento final.

Sin embargo, el balance de las acciones y de la presencia de los grupos ilegales en 2009 muestra un panorama distinto. Una nueva generación de paramilitares -llamados por el Gobierno 'Bacrim', bandas criminales- está extendiéndose de manera acelerada por todo el país y sus acciones han logrado un récord que supera la suma de las actividades de las Farc y el Eln.

Especial atención merece el caso de las ciudades. Medellín ha regresado a una situación muy parecida a la de 2003. Las bandas y los 'combos' se han reactivado y han logrado que este año la cifra de homicidios se acerque a 2.000: una tasa de 73 por cada 100.000 habitantes. Bogotá está empezando a vivir una preocupante presencia de grupos armados y mafias en las principales entradas y salidas de la ciudad, que acuden a la violencia y al sicariato para apoderarse de negocios lícitos e ilícitos. Y en otras 13 ciudades también se siente la proliferación de grandes bandas herederas de los paramilitares.

En cuanto a la guerrilla, después de sus graves derrotas en la cordillera Oriental, se ha atrincherado en lugares clave de la cordillera Central y en las zonas fronterizas de Venezuela y Ecuador, y ha iniciado con éxito un proceso de reorganización de sus fuerzas y relanzamiento de sus actividades. Hasta octubre 20, las Farc registraban 1.429 acciones, cerca del 30 por ciento más que en 2008. Han vuelto a atacar bases fijas y a incursionar en cascos urbanos con resultados muy negativos para las Fuerzas Militares y la Policía. El Eln, a pesar de su marginalidad y su baja actividad en los últimos años, muestra ahora un incremento considerable en sus filas y una mayor actividad de sus estructuras en Cauca, Nariño y Arauca.

Las Fuerzas Armadas están afrontando una dura prueba. El asesinato de 12 jóvenes oriundos de Soacha en un lejano paraje de Norte de Santander a manos de una unidad del Ejército, sacó a la luz pública una inmensa cadena de ejecuciones extrajudiciales que tienen a la Fuerza Pública en graves aprietos ante la Justicia y ante la comunidad internacional. Se conoció entonces que la Fiscalía tiene en procesos a más de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas y que 476 están presos. Esta situación, ligada al desgaste natural que traen siete años de ofensiva continua sobre las guerrillas, ha llevado a una pérdida de iniciativa de las Fuerzas Militares en algunas zonas del país.

La visión de que ha comenzado el declive de la seguridad democrática emana del informe anual del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris. Sobre la base de fuentes oficiales de la Vicepresidencia de la República, el seguimiento de la prensa regional, estudios monográficos en regiones y ciudades, y un diálogo intenso con otros centros de investigación y con fuentes de inteligencia militar, los investigadores de Arco Iris han logrado una radiografía de la situación de los grupos irregulares y del estado de la confrontación en el país, y señalan que es urgente un cambio en las estrategias que parta de reconocer los nuevos desafíos de la criminalidad en las ciudades y el reacomodo de las guerrillas. Que tenga en cuenta también la reducción de los gastos en el conflicto interno que vendrán con la crisis económica, el recorte de los dineros del Plan Colombia y la atención de la crisis con Venezuela.

Una gráfica que recoge una larga línea de tiempo de las acciones del Estado y de los grupos irregulares puede ilustrar el momento en que nos encontramos:

En su afán de esconder las limitaciones y fallas que se presentaron en la negociación con los paramilitares, el Gobierno ha insistido en deslindar los grupos que ahora se cobijan bajo las denominaciones de Águilas Negras, Los Rastrojos, Los Paisas, Nueva Generación, Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia, Oficina de Envigado, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, etc., de las fuerzas que estuvieron en la mesa de conversaciones en Santa Fe Ralito. Y también ha intentado minimizar el alcance de las acciones de estas organizaciones.

Pero un examen de los lugares donde actúan estos grupos, de sus jefes y del tipo de acciones que realizan, permite concluir que corresponden a estructuras que nunca se desmovilizaron, grupos y personas que después de participar en el proceso de desmovilización han vuelto a las acciones armadas, y nuevas fuerzas reclutadas a partir de la ruptura generada por la reclusión de una parte de la cúpula paramilitar en Itagüí y su posterior extradición a los Estados Unidos.

Los acontecimientos de 2008 y 2009 muestran que tenían mucho de cierto las afirmaciones que Iván Roberto Duque, 'Ernesto Báez', consignó en una carta enviada al alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, en diciembre 28 de 2006. "Queremos percatar a los colombianos sobre la gravedad del fenómeno de las mal llamadas bandas emergentes, que no son más que grupos de autodefensas desmovilizados a medias, por el fracaso de la reinserción y en proceso acelerado de rearme y expansión, dirigidos por comandantes con tanto poder como usted efectivamente los pudo conocer, y que alcanzaron a quedar por fuera de las puertas de la cárcel", decía Báez. Y agregaba: "Al respecto me veo forzado a recordarle que de los 40 grandes jefes que Usted conoció dentro de la cúpula federada de las Auc, 19 están detenidos, esto indica que más del 50 por ciento de estos altos mandos gozan de libre albedrío, entre ellos el cofundador histórico de las Auc. En igual condición están más de 500 segundos comandantes y cerca de 1.000 mandos medios".

En 2008, la Corporación Nuevo Arco Iris logró identificar acciones de estos grupos en 247 municipios. Para 2009 ha logrado registrar alguna actividad en 46 municipios distintos a los de 2008, lo cual indica que en estos dos años han tenido algún tipo de presencia en 293 municipios. Las agresiones a la población civil y las acciones de contacto con la fuerza pública alcanzan la cifra de 2.286 y el número de integrantes se aproxima a 11.000. Sin duda alguna, están involucrados en el narcotráfico, como lo estaban las Auc, pero se dedican también a golpear a las organizaciones sociales y sindicales, a amenazar a líderes de la oposición y a las víctimas que reclaman sus derechos, y a reconstruir sus nexos con sectores de la fuerza pública y con dirigentes políticos. Se diferencian de la anterior generación de paramilitares en que aún no tienen una estructura nacional que los cobije a todos y en que, en algunos lugares, están aliándose con uno de los grupos guerrilleros para compartir actividades de narcotráfico o para luchar por el control territorial combatiendo a la fuerza pública o a otro grupo insurgente.

El caso emblemático del fracaso de la negociación con los paramilitares es Medellín. Con ocasión de los acuerdos de paz realizados por el gobierno del presidente Uribe con Diego Fernando Murillo Bejarano, 'don Berna', que llevaron a la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, los homicidios se redujeron a 781 en 2005, 709 en 2006 y 790 en 2007.

Pero una vez rotas las negociaciones y extraditado 'don Berna', las cifras volvieron a escalar hasta 1.044 homicidios en 2008 y 1.717 entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2009, lo cual indica que en este año el número rondará los 2.000, cifra similar a los 2.012 registrados en 2003.

Las bandas y 'combos' que antes estaban bajo el control de 'don Berna,' han vuelto a una intensa actividad. Las autoridades han identificado cerca de 60 grandes estructuras, parte de las cuales recibe órdenes de alias 'Valenciano' y la otra de alias 'Sebastián'. La gran fragmentación y enfrentamiento que se produjo en 2008 empieza a ceder, y en el punto más alto de la pirámide del crimen han quedado estos dos mandos que en los tiempos de 'don Berna' ocupaban en lugar secundario.

Realizan, en todo caso, las mismas actividades de los anteriores paramilitares: obligan a conductores de vehículos de servicio público y a pequeños y medianos comerciantes de las comunas a pagarles una cuota. Controlan las entradas de la ciudad en la troncal que va hacia la Costa Caribe y en la carretera que lleva a Urabá, y también en el oriente por las vías que conducen a Bogotá y al aeropuerto José María Córdoba, y en el sur en la entrada desde Cali y el Eje Cafetero. Para conectar estos sitios establecen corredores por donde mueven grandes cantidades de drogas y de armas.

Este tipo de control territorial también empieza a darse en Bogotá. Las capturas de testaferros de 'el loco' Barrera llevaron a descubrir el interés de este jefe paramilitar en la compra de predios alrededor de la capital. Así mismo, el registro de 106 acciones de sicariato este año muestra que la disputa por el territorio y por los negocios entre las bandas paramilitares está cobrando gran fuerza en una ciudad que no tenía mayores antecedentes en este aspecto.

Kennedy, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y Usaquén son las localidades más afectadas por la presencia de estas bandas, y Corabastos es uno de los lugares donde con más claridad se registra la actividad de Águilas Negras, el bloque Cacique Nutibara, el grupo Héroes Carlos Castaño y el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista, al mando de Pedro Olivero, 'Cuchillo'. También hacen presencia en los sanandrecitos, los centros de expendio de droga, las casas de prostitución e influyen en los juegos de azar y en las cooperativas de vigilancia y seguridad. Privilegian en todo caso el suroriente por donde se sale hacia los Llanos Orientales, o la carrera 7ª en la salida hacia Boyacá. Además de 'el Loco' Barrera y de 'Cuchillo', las investigaciones señalan que existe presencia importante de grupos ligados a mafias de esmeralderos.

No hay aún un aumento sensible de homicidios en Bogotá, lo cual indica que la disputa por la ciudad apenas comienza y las autoridades están a tiempo de impedir que el fenómeno paramilitar eche raíces como en otras ciudades. En este sentido, tanto la prevención como la confrontación de la nueva generación de paramilitares requieren un cambio profundo de la visión del Gobierno y de la actividad de la fuerza pública.

Es claro que tras la negociación con las Auc quedó intacta buena parte de las redes de narcotráfico y de las estructuras militares más especializadas, y ha sido evidente que estas organizaciones mantienen importantes nexos con sectores de la política, la Justicia y las Fuerzas Armadas, y que cuentan con la tolerancia de agentes del Estado en todos los niveles.

El 'Plan Renacer'

La euforia del Gobierno y de la opinión pública por los golpes propinados a la guerrilla en 2008 tenía buenos motivos. La 'Operación Jaque' selló con broche de oro una larga cadena de éxitos militares, dentro de los cual el mayor triunfo fue la expulsión de las Farc de Bogotá y Cundinamarca, y en general la disminución decisiva de sus fuerzas en toda la cordillera Oriental. En 2003, las Farc tenían en Cundinamarca nueve frentes, incluido el frente 'Antonio Nariño', que realizaba operaciones en Bogotá.

En total eran más de 1.200 guerrilleros y no menos de 1.500 milicianos. Las operaciones 'Libertad I' y 'Libertad II', lanzadas en 2003 y 2005, lograron desmantelar la mayoría de esos frentes y que se replegaran hacia Meta y Caquetá. Así mismo, las operaciones lanzadas sobre la Sierra de La Macarena y los llanos del Yarí sometieron a permanente acosos al jefe militar de las Farc, Jorge Briceño, 'el Mono Jojoy', y desbarataron buena parte de sus anillos de seguridad.

Además del castigo continuado de las guerrillas en la cordillera Oriental, la fuerza pública asestó golpes en otras zonas que estremecieron la cúpula de la insurgencia y lograron disminuir sus fuerzas en cerca del 40 por ciento. La ofensiva del Ejército tuvo el mejor momento a finales de 2007 y principios de 2008, cuando 'Manuel Marulanda Vélez', el jefe histórico de las Farc, se debatía entre la vida y la muerte y en las filas de la guerrilla se producía un gran desorden que permitió acciones como el ataque al campamento de 'Raúl Reyes' y el asesinato de 'Iván Ríos' por parte de uno de sus compañeros.

A mediados de 2008 comenzó la reorganización de las Farc con la elección de 'Alfonso Cano' como sucesor de 'Marulanda', y el lanzamiento posterior del 'Plan Renacer', que plantea la reactivación militar de las Farc y la retoma de varios territorios mediante el uso intensivo de minas antipersonal, la movilización de tropa en pequeños grupos, la especialización de francotiradores para hostigar al Ejército en movimiento, la fabricación y uso de armas artesanales para sustituir el armamento convencional, la apertura de escenarios de combate en la cordillera Central y en las fronteras para atraer a la fuerza pública y disminuir la presión sobre la guerrilla en la cordillera Oriental.

Con la reorganización del mando y el nuevo plan, las Farc han logrado frenar el desangre y la desarticulación a las que venían siendo sometidas. Después de la 'Operación Jaque' han recibido muy pocos golpes e incrementado sus acciones: han logrado reactivar varias estructuras en zonas urbanas y rurales, e incluso creado un nuevo frente guerrillero en el Guaviare, algo que no ocurría hacía varios años.

Particular mención merece el crecimiento de sus fuerzas en Cauca, Nariño, el Bajo Cauca antioqueño y las estructuras que tienen presencia en la frontera con Venezuela. Las Farc mantienen en sus filas alrededor de 11.500 guerrilleros. La incursión de un comando guerrillero en el casco urbano de Garzón, Huila, en mayo pasado, y el reciente ataque a una instalación militar en Corinto, Cauca, con un saldo de nueve militares muertos, muestran que las Farc están recuperando capacidad para atacar bases fijas del Ejército y regresar a los ataques urbanos.

La gráfica 3 muestra la evolución anual de acciones bélicas de las Farc. En ellas se incluyen combates, emboscadas, hostigamientos, francotiradores, campos minados activados y ataques a la infraestructura energética. Pero no se tienen en cuenta capturas, confiscación de caletas, desmovilizaciones, acciones que, en términos generales, no implican actividad armada alguna.

Una mirada superficial nos diría que el accionar se ha mantenido estable, pero las características de las acciones se han modificado. Durante 2003, el 31 por ciento fueron realizadas con explosivos y en 2008 llegaron a 64 por ciento. En lo corrido de 2009 la tendencia no se modifica: las acciones con explosivos se acercan a 55 por ciento. Por acciones con explosivos se entiende campos minados, y emboscadas y hostigamientos en las que utilizan estos artefactos.

La gráfica 4 muestra el total de acciones de las Farc en 2009 (hasta el 20 de octubre se registraron 1.429 acciones). En 10 meses, las Farc realizaron un número superior de acciones a la totalidad del año pasado. Si la tendencia continúa, para finales del año las acciones se acercarían a 1.600, un aumento sustancial con respecto a los años anteriores.

La gráfica 4 indica que el número de Campos Minados Activados (CMA) está por debajo del número de Combates (C), mientras que se registraron 177 acciones de Francotiradores (F), 188 Hostigamientos (H), 88 Ataques a la Infraestructura Energética (AIE) y 36 Emboscadas (E). Es decir, que la capacidad bélica de las Farc en términos de confrontaciones abiertas ha aumentado con respecto a 2008.

La nueva coyuntura de las FF.AA.

El auge económico que permitió aumentar la fuerza pública de 260.000 efectivos a 445.000 en seis años y subir el gasto en defensa de 3,2 por ciento del PIB a 4,6 por ciento, según cálculos de Planeación Nacional, o a 6,0 por ciento, según estimaciones de analistas independientes, no va a continuar. El aumento del déficit fiscal no permite gran movilidad en el gasto. Los empresarios empiezan a mostrar reticencias ante el impuesto de guerra que ha producido cerca de seis billones de pesos en los cuatro años de recaudo. Y los recursos del Plan Colombia que contribuían en forma significativa a la movilidad aérea, pueden llegar a un recorte del 40 por ciento.

Al tiempo que los recursos tienden a disminuir, las bajas en las filas aumentan y este año entre heridos y muertos es muy probable que la cifra se acerque a las 2.500, dado que en los primeros seis meses se registraron 1.346, con una alta cuota de mutilados por minas antipersonales. A esta situación se agrega una mayor exigencia en el desplazamiento de las tropas por los nuevos escenarios de combate y por las tensiones en las fronteras. En apenas una semana, a mediados de noviembre, se anunciaron dos movilizaciones importantes de unidades militares: 2.500 efectivos al norte del Cauca para repeler la ofensiva de las Farc en Toribio, Corinto y Jambaló, y una brigada entera hacia la frontera con Venezuela.

No menos importante es la crispación que se siente en algunos sectores de las Fuerzas Militares por la creciente vinculación de sus miembros a los juicios por ejecuciones extrajudiciales y por la entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional que tiene puestos sus ojos en la situación colombiana.

Nada fácil va a estar la situación de seguridad en la próxima campaña electoral con una nueva generación de paramilitares en expansión, una guerrilla en proceso de reactivación y una fuerza pública en dificultades. Son asuntos sensibles que deberían estar en el centro del debate electoral, pero los candidatos están eludiendo la discusión bajo la premisa de que en este campo el presidente Uribe es amo y señor, y cualquier mención favorece su reelección.


22 de febrero de 2010

¿Otro legado de Juan Manuel Santos?: la super fosa común en la Macarena

El siguiente es un boletín informativo de Virtin, que nos llegó y que nos hizo recordar unas declaraciones confusas, recortadas y hasta contradictorias de parte del alcalde de La Macarena, Eliecer Vargas, y de algunos artículos recortados y refundidos de la gran prensa nacional. No teníamos claro a que se refería y le pusimos muy poca atención. Pero ahora se despeja la inquietud.

Recomendamos a todos los lectores una atenta revisión del material, y, a su vez, que visiten los diversos links que existen al final del artículo.

Tal parece que lo de los falsos positivos va a quedar como un episodio pequeño al pie de la fosa de La Macarena, donde supuestamente queda de bulto la presencia de una Política de Estado Criminal.

Juzguen ustedes.


virtin red informativa internacional

Alerta: Los Medios ocultan la mayor fosa común de América, mientras el Estado colombiano busca alterarla


Por Azalea Robles


Recientemente en Colombia se descubrió la mayor fosa común de la historia contemporánea del continente americano, horrendo descubrimiento que ha sido casi totalmente invisibilizado por los mass-media en Colombia y en el mundo. La fosa común contiene los restos de al menos 2.000 personas, está en La Macarena, departamento del Meta. Desde 2005 el Ejército, desplegado en la zona, ha estado enterrando allí miles de personas, sepultadas sin nombre.


Jairo Ramírez, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia,


La población de la región, alertada por las filtraciones putrefactas de los cadáveres a las aguas de beber, y golpeada de desapariciones, ya había denunciado la existencia de la fosa en varias ocasiones durante el 2009: había sido en vano… pues la fiscalía no procedía a investigar. Fue gracias a la perseverancia de los familiares de desaparecidos y a la visita de una delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que investigaba la situación de derechos humanos en Colombia, en diciembre 2009, que se ha logrado destapar este horrendo crimen perpetrado por los agentes militares un Estado que les garantiza impunidad.


Se trata de la mayor fosa común del continente. Dos mil cuerpos en una fosa común, eso es un asunto grave para el Estado Colombiano, pero sus mass-media, y los mass-media internacionales, cómplices del genocidio, se han encargado de pasarla casi totalmente bajo silencio, cuando para encontrar una atrocidad parecida hay que remontarse a las fosas nazis... Este silenciamiento mediático está sin duda vinculado con los inmensos recursos naturales de Colombia, y los mega-negocios que allí se gestan en base a las masacres.


La Comisión Asturiana de derechos humanos, que visitó Colombia en enero 2010, (menos de un mes después del destape de la fosa) ha estado preguntando a las autoridades sobre el caso… las respuestas han sido preocupantes: en fiscalía, en procuraduría, en el ministerio del interior, en la ONU... todos pretenden eludir el tema… Y mientras tanto tratan de “operar” la fosa para minimizarla, pero ya la delegación británica la constató, y las mismas autoridades reconocieron al menos 2000 cadáveres. En diciembre “el alcalde, afín al gobierno, lo denunció también junto al sepulturero”, pero después, las presiones oficiales tienden a hacerles "disminuir sus apreciaciones sobre el número de cuerpos NN…”


La delegación asturiana ha denunciado la ostensible voluntad de alterar la escena del crimen: “nadie está protegiendo el lugar. Nadie está impidiendo que se puedan disfrazar las pruebas. Que un tractor pueda entrar y volver a entremezclar cadáveres anónimos, a sacarlos y llevarlos a otro lugar” (1) “solicitamos a las instituciones responsables del Gobierno y del Estado colombiano que implementen las medidas cautelares necesarias para asegurar las informaciones ya registradas en los documentos oficiales, que tomen las medidas cautelares necesarias con el fin de asegurar el perímetro para prevenir la modificación de la escena, la exhumación ilegal de los cadáveres y la destrucción del material probatorio que allí obra(…) fundamental la creación de un Centro de Identificación Forense en La Macarena con el fin de lograr la individualización y plena identificación de los cadáveres NN allí sepultados.” (2)


La Delegación Asturiana transmitió a las autoridades otra denuncia. Las autoridades adujeron desconocimiento, y alegaron incapacidad operativa "hay tantas fosas comunes en nuestro país que..." Se trata del municipio de Argelia en el Cauca: “Un "matadero" de gente, donde las familias no pudieron ir a buscar los cuerpos de sus desaparecidos, pues los paramilitares no las dejaron ingresar de nuevo a sus comunidades: desplazaron a los sobrevivientes. Las víctimas sobrevivientes relataron: “había gente amarrada a la que echaban perros hambrientos para ir asesinándolos poco a poco.”


En Colombia, la Estrategia Paramilitar del Estado Colombiano, combinada con el accionar de policías y militares ha sido el instrumento de expansión de Latifundios. El Estado colombiano ha desaparecido a más de 50.000 personas a través de sus aparatos asumidos (policías, militares), y de su aparato encubierto: su Estrategia Paramilitar. (3) El Estado colombiano es el instrumento de la oligarquía y las multinacionales para su guerra clasista contra la población: es el garante del saqueo, la Estrategia Paramilitar se inscribe en esa lógica económica. (4)


La invisibilización de una fosa común de las dimensiones de la fosa de la Macarena obedece a que los negocios de multinacionales y oligarquías se basan en ese horror, y a que esta fosa es producto de asesinatos directamente perpetrados por el ejército nacional de Colombia, lo cual prueba aún más el carácter genocida del Estado colombiano en su conjunto (más allá de su presidente Uribe, cuyos negocios y vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo están más que comprobados (5)). La complicidad de los Mass-media es criminal, tanto a nivel nacional, como internacional. Los pueblos debemos romper el silencio con el que se pretende ocultar el genocidio. Urge solidaridad internacional: Colombia es, sin duda, uno de los lugares del planeta en el que el horror del capitalismo se plasma de la forma más evidente, en su paroxismo más absoluto.

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NOTAS:

(1) http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2010_1/fosas-poco-comunes.html

(2) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=100450&titular="europa-no-puede-firmar-un-tlc-con-un-estado-violador-de-los-derechos-humanos"-

(3) Informe del 16.02.2010 paramilitares confiesan 30.470 asesinatos: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/66984-NN/ex-paramilitares-colombianos-reconocen-haber-cometido-cerca-de--30-mil-500-asesinatos/

(4) más acerca de fosa común y Terror Estatal: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=99507&titular=destapan-la-mayor-fosa-común-del-continente:-colombia-en-el-paroxismo-del-horror-clama-solidaridad-

(5) http://www.kaosenlared.net/noticia/video-uribe-velez-narcotraficante-no-82-presidencia-colombia-7



Reclutamiento

Opinión| 27 Ene 2010 - 9:31 pm

José Fernando Isaza


Por: José Fernando Isaza
CON LAS CIFRAS DE MINDEFENSA, se concluye que de cada 100 guerrilleros puestos fuera de combate, sea por abatimiento, desmovilización o captura, la guerrilla logra reclutar cerca de 83 nuevos combatientes.

Al comparar el gasto militar con el “conteo de cuerpos”, se deduce que retirar efectivamente un guerrillero compromete recursos inmensos. En el período 2002-octubre 2009, la guerrilla ha disminuido de 20.600 a 11.500 combatientes. El gasto militar acumulado, en el mismo período, equivale al 30 o 38% del PIB, según las diferentes metodologías. Suponiendo que sólo la tercera parte de esta cifra se dedique al conflicto interno, se puede concluir que el retiro de un guerrillero ha comprometido el gasto público en la alucinante cifra de $5.400 millones. La guerrilla, violando el Derecho Internacional Humanitario, recluta menores de edad, con un costo cientos de veces inferior al que la sociedad incurre para retirarlo y así mantienen un número de combatientes que justifica la militarización.

Estudios de la O.I.M. muestran que más de las tres cuartas partes de los menores reclutados declaran que lo hacen voluntariamente, no por razones ideológicas sino como una opción de supervivencia. Otra motivación es la necesidad de reconocimiento, y la creencia de que las armas se lo otorgan. Muchos de los reclutados provienen de entornos familiares desintegrados y son víctimas del maltrato físico y de la exclusión. El pertenecer a un grupo armado, legal o ilegal, es un medio de obtener el “respeto” que la familia o la sociedad les han negado.

Un investigador de crímenes atroces, en los Estados Unidos, refiere que, en las entrevistas de los criminales, éstos le decían que nunca habían visto miradas más respetuosas que las de sus víctimas cuando las encañonaban antes de dispararles.

Un motivo de reflexión es si toda la propaganda masiva de elogio al militarismo, al orgullo de portar armas y manejar aparatos de guerra tiene el efecto de propaganda genérica, pues para muchos adolescentes marginados el camino al éxito es el arma y el uniforme, así éste corresponda al ejército constitucional, a la guerrilla o a la delincuencia común.

Con el apoyo financiero de una multinacional, la Fundación Colombia Oportunidad, que estuvo dirigida por el actual viceministro de Justicia (el autor de esta columna es miembro de su Junta Directiva), se inició una serie de proyectos en zonas de reclutamiento ilegal de jóvenes y adolescentes. Al contenido educativo se le agregó un componente de trabajo remunerado. Así, mientras se capacitan en manejo de producción de pesca o en remodelación de edificios con valor arquitectónico, los estudiantes reciben un apoyo monetario. Este estipendio tiene un efecto de generarles “respeto” y autoestima. Los resultados han sido satisfactorios, trabajando en zonas de reclutamiento ilegal como son Ciudad Bolívar, Soacha, Urabá, Cauca, Norte de Caldas, etc. Los adolescentes vinculados han encontrado formas diferentes a las armas para encontrar una opción de vida que les ofrece reconocimiento personal y social. Las zonas de reclutamiento ilegal están concentradas y la población objetivo se estima en un millón de adolescentes. Los resultados humanos y económicos de actuar preventivamente contra el reclutamiento ilegal tienen efectos altamente positivos comparables a la efectividad de los programas de vacunación y prevención de las enfermedades controlables.

* Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano

Tomado de El Espectador.com


Seguridad democrática

Opinión| 20 Ene 2010 - 11:28 pm

José Fernando Isaza

Por: José Fernando Isaza
EL AGUDO E INTELIGENTE ANALISTA político León Valencia, en el estudio “Seguridad Democrática en crisis”, reconoce los avances logrados por el Gobierno en materia de disminución de los secuestros y de los homicidios; a la vez, resalta que esta evolución tiene un punto de quiebre en el año 2008.

En 2009 los indicadores muestran deterioro en los homicidios en Medellín y Cali, y en el número de acciones bélicas de las Farc. Es indudable que uno de los logros más significativos ha sido la expulsión de las Farc de Bogotá y Cundinamarca.

La ejecución de la Seguridad Democrática ha tenido altos costos económicos y sociales. El creciente militarismo y la presión por resultados, acompañado por la teoría del “todo vale”, condujeron a la más repudiable violación de los derechos humanos, como son los asesinatos de jóvenes por miembros de la Fuerza Pública, hechos denominados eufemísticamente “falsos positivos”. A lo anterior se agrega el discurso del Ejecutivo de acusar a la oposición de aliados del terrorismo y de la guerrilla.

Otro aspecto preocupante es el creciente gasto militar, que llega al 4,6% del PIB; si a esto se agrega el aumento del pasivo pensional, que equivale al 1,5% del PIB, el gasto supera el 6% del PIB. En Estados Unidos la cifra es del 4% del PIB, y en la Comunidad Europea del 2%. El pasivo pensional de las Fuerzas Militares corresponde al 32% del PIB.

En una democracia el monopolio de las armas debe estar en manos del Estado, con los controles políticos del gobierno civil. Es inaceptable pretender, como lo plantean las Farc y el Eln, hacer política armada. El Estado tiene todo el derecho y la autoridad para combatir, aun con las armas, a quienes fuera del Ejército las empuñen incluso si tienen objetivos políticos.

Debe analizarse la eficiencia y eficacia de la escalada del gasto y el creciente número de efectivos de las Fuerzas Militares. Al iniciarse la actual administración, el Ministerio de Defensa anunció que en seis meses la guerrilla estaría acabada.

En el año 2002, el pie de fuerza ascendía a 160.000 efectivos; al finalizar 2009, la cifra llegó a 279.000, lo que equivale a 6,3 soldados por 1.000 habitantes; al finalizar el gobierno militar en 1957, este indicador era 2,5 soldados por 1.000 habitantes, y también era un período de violencia y guerrillas.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, en el período 2002-octubre 2009, el número de guerrilleros abatidos es de 13.398, el de desmovilizados 20.876 y el de capturados 35.220. Es bueno aclarar que la cifra de capturados no es igual a la de detenidos puesto que, como lo aclaró el ex viceministro de Defensa Juan Carlos Pinzón: “Es importante precisar que un número de capturas no es exactamente equivalente a número de personas, dado que a una misma persona se le puede capturar más de una vez sin que se llegue a la judicialización”. Suponiendo que el número de capturados sea la mitad de las capturas, se tiene que el número de guerrilleros puestos fuera de combate por ser abatidos, desmovilizados o capturados, sería de 51.884. En el año 2002, las Farc y el Eln tenían 20.600 guerrilleros y en 2009, 11.500, lo que muestra que de cada 100 guerrilleros puestos fuera de combate logran reemplazar 82. Surge la obvia pregunta: ¿no es más eficaz y menos costoso, social y económicamente, actuar para disminuir el reclutamiento, que mostrar resultados sólo con el “conteo de cuerpos”?

*Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano

Tomado de El Espectador.com



Violencia disparada



Opinión| 13 Feb 2010 - 11:59 pm

Alejandro Gaviria

Por: Alejandro Gaviria
LA NOTICIA PASÓ INADVERTIDA. fue publicada en las páginas interiores de los periódicos en medio de las historias mínimas de todos los días. Los editorialistas de la prensa la hicieron a un lado. Los comentaristas radiales no mostraron mayor interés. Pero la noticia es preocupante. Literalmente de vida o muerte.

Esta semana el director del Instituto Colombiano de Medicina Legal anunció un incremento de 16% de los homicidios durante el año anterior. El número de asesinatos pasó de 14.138 en 2008 a 16.363 en 2009. La tasa anual ya se acerca a 38 muertes por cada cien mil habitantes. El Plan de Desarrollo planteaba, cabe recordarlo, llevar la tasa de homicidios de 33 a 30 entre 2006 y 2010: una meta modesta que no va a cumplirse.

A finales del año anterior, en medio del optimismo navideño, el general Naranjo pronosticó una caída de 300 homicidios en 2009 con respecto a 2008. Entusiasmado, señaló entonces que la tasa anual sería la más baja de los últimos 23 años. Llama la atención, por una parte, la discrepancia entre los registros de la Policía y los de Medicina Legal. Pero, sobre todo, preocupa el optimismo del general Naranjo ante el resurgimiento de la violencia homicida en muchas regiones del país. Valdría la pena, al menos, que se pronunciara sobre las cifras de Medicina Legal.

El incremento de los homicidios no obedece simplemente al recrudecimiento de la violencia en dos o tres ciudades problemáticas. Los casos de homicidio se duplicaron en Medellín. Pero al mismo tiempo aumentaron 40% en Sincelejo, 25% en Cartagena y Arauca, 15% en Cali, Montería y Santa Marta, y 6% en Bogotá y Barranquilla. Sólo en la Zona Cafetera, en el Cesar y en algunas zonas apartadas hubo una disminución significativa del número de homicidios. En términos generales, el crecimiento de los homicidios parece ser un fenómeno real y extendido. No es un problema puntual. Ni mucho menos una distorsión estadística.

Las autoridades conocen bien las causas del problema: el crecimiento del crimen organizado, el reciclaje de las bandas de narcotraficantes, los coletazos de la desmovilización de los paramilitares, etc. Pero no parecen preparadas para enfrentarlo. Las propuestas recientes revelan una mezcla de desespero e impotencia. Primero fueron los estudiantes y los taxistas los llamados a resolver el problema. Después fueron los obispos los reclutados para facilitar una negociación azarosa con las bandas emergentes. A finales de la semana el Gobierno aclaró que los obispos sólo estaban autorizados para hacer labores pastorales. Ya los veremos, entonces, tratando de convencer a los criminales de las bondades del amor al prójimo.

“Ocho años es poco tiempo para recuperar la seguridad”, dijo el presidente Uribe el día viernes. Y hasta razón tendrá. Pero la recuperación de la seguridad requiere un cambio de rumbo. Mientras cientos de miles de soldados buscan en la selva a un puñado de guerrilleros invisibles, los policías enfrentan todos los días en las calles a organizaciones cada vez más poderosas. La geografía, la naturaleza y la intensidad de la violencia están cambiando rápidamente. Y el Gobierno no parece haberse dado cuenta. Debería comenzar al menos por actualizar sus cifras.

agaviria.blogspot.com.


Tomado de El Espectador.com


sábado, 20 de febrero de 2010

Salud: crisis al descubierto

Coyuntura, Dinero

La actual Emergencia Social muestra la realidad de un sistema de salud que ha perdido su esencia. La viabilidad y sostenibilidad, así como la falta de vigilancia y control, son sus principales riesgos.

El sistema de salud colombiano pasó, en 15 años, de ser un ejemplo del tipo de estructuras que podrían adoptar los países en vía de desarrollo, a reflejar los errores en los que no se debe incurrir con un sistema tan oneroso. Los decretos emitidos al amparo de la Emergencia Social decretada por el Gobierno para superar la crisis que vive la salud son muestra de que los principios originalmente planteados por la Ley 100 de 1993 se han desfigurado por falta de autoridad, vigilancia y control.


La expedición apresurada de más de 10 decretos en el marco del declarado estado de Emergencia Social que buscaban aumentar los recursos destinados a la salud, transformar el aseguramiento del riesgo en salud por una simple prestación de servicios básicos y ‘meter en cintura’ a los médicos, minándoles su autonomía y conminándolos a recetar los medicamentos o tratamientos básicos contenidos en una serie de guías, terminó por desenmascarar problemas de fondo. Entre estos está la ineficacia del Estado para controlar un sistema que de tiempo atrás presenta fallas y ha perdido su esencia: el aseguramiento del riesgo financiero de enfermarse. Además, la situación actual refleja el desmedido interés económico de actores empeñados en garantizar su crecimiento patrimonial a costa del usuario final.

El problema no es de asignación de recursos, el gasto en salud en el país es de 8,5% del PIB, superior al de la mayoría de países asiáticos, que llega en promedio a 5% del PIB, o de vecinos como Chile y Brasil (7% y 7,7%).

Hoy los empleadores y trabajadores tienen el aporte a la salud más alto de América Latina y de los más altos del mundo: 12,5% sobre el salario.
Las apropiaciones, tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado, representan unos $30 billones al año, lo que equivaldría a un gasto aproximado de $700.000 por colombiano. El valor de la Unidad por Capitación es de aproximadamente $500.000, lo que implica que cerca de $200.000 se quedan en el circuito de intermediación generado en el sistema de salud.

¿Qué pasa con esta plata? Juan Pablo Uribe, director de salud del Banco Mundial para Asia del Este y el Pacífico, afirma que “hay unos costos de transacción muy altos en el sistema individual de aseguramiento que deberían ser objeto de un análisis profundo y juicioso”.

El médico Enrique Peñaloza, de la Universidad Javeriana, explica que los costos de la intermediación del sistema coinciden con menores prestaciones. Por eso considera urgente “definir muy bien los planes de beneficios porque es claro que muchos recursos se han malgastado. El problema no es de plata, se han hecho grandes giros pero se han quedado en algunos casos en mayores utilidades patrimoniales de algunos intermediarios de la salud”.

Los principales problemas que aquejan el sistema de salud son la falta de acción del Estado para regular y vigilar el sistema; el abuso de algunos de sus actores, tanto en precios como en el cobro de tratamientos y medicamentos a precios superiores a los del mercado; carencia de una debida actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS), lo que ha generado una avalancha de reclamaciones vía tutela y ha tenido al sistema judicial a punto de colapsar y una excesiva integración vertical por parte de estas últimas.

Pero los decretos ley expedidos el 21 de enero en el marco de la Emergencia Social decretada el 23 de diciembre no solucionan los problemas de fondo. Su diseño fue tan errado que, a pesar de los cambios anunciados por el presidente Álvaro Uribe para corregir los ‘adefesios’ , hoy están en vigencia. Los cambios solo los podrán introducir el Congreso, creando nuevas leyes, o la Corte Constitucional, si los declara inexequibles.

Emergencia anunciada

La puesta en marcha de la Ley 100 de 1993, que pretendía garantizar la salud para todos los colombianos, ha tenido un camino tortuoso. Desde el comienzo fue concebida para atender tanto a usuarios del régimen contributivo –que aportan al sistema–, como a los colombianos más desfavorecidos, a través del régimen subsidiado. Su financiación, según las proyecciones iniciales, provendría de los recursos petroleros, pero esta plata nunca llegó.

Ante la falta de recursos, funcionó un régimen contributivo basado en una lista de tratamientos y medicinas más amplio que el que se venía prestando a los usuarios del régimen subsidiado, pero que nunca hubo una actualización de fondo. En ambos casos había un grupo de medicamentos y tratamientos que no estaban incluidos, comúnmente conocido como No POS, que debían ser proporcionados en partes iguales por las EPS y el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga).

Las demandas de los usuarios por vía de tutelas se dispararon, al punto de tener al borde del colapso al sistema judicial. Lo peor es que muchas tutelas no correspondían a reclamaciones por tratamientos No POS, sino que incluían tratamientos o medicamentos que debían cubrir las EPS.

La avalancha de tutelas llevó a la Corte Constitucional a expedir la sentencia T-760, que conmina al Estado a garantizar la universalización de los servicios, tanto para quienes pagan por la salud como para los colombianos que no tienen recursos, y a revisar y actualizar el POS. Para cumplir la Sentencia, el Gobierno convocó inicialmente la creación de una Comisión Reguladora de Salud, que desde el año pasado inició el proceso de revisión del sistema.

A raíz de las dificultades que tenían los usuarios para lograr la autorización en la prestación de estos eventos No POS, y para cumplir la sentencia de la Corte, el Gobierno decidió agilizar los procesos, conminando a las EPS a realizar la atención y proceder con el recobro del 100% al Fosyga. Esto dio origen a un aumento inusitado en los cobros al Fosyga, los cuales alcanzaban los $626.000 millones en 2007 y que para 2009 se estimaban en $1,8 billones. Esto llevó al Fosyga a frenar los pagos hasta realizar una verificación exhaustiva que aún no termina.

Estos retrasos generaron dificultades para la red pública de hospitales y motivó a los 32 gobernadores del país, reunidos con el presidente Álvaro Uribe a finales de noviembre en Manizales, a pedir la intervención inmediata del Ejecutivo para evitar el colapso de la red pública de salud, amenazada por las crecientes demandas de nuevos y costosos servicios. Los gobernadores se quejaron de que los giros departamentales de salud pasaron de $409.000 millones en 2008 a cerca de $1 billón en 2009.

Salida apresurada

La posibilidad de un colapso financiero del sistema de salud hizo que el pasado 23 de diciembre el Gobierno invocara la urgencia de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional para decretar la Emergencia Social. En ella se expidieron tres tipos de decretos: unos orientados a mejorar el recaudo fiscal con destinación a la salud, elaborados por el Ministerio de Hacienda; otros referentes al uso de recursos de un fondo de prevención de la drogadicción (Frisco), elaborado por el Ministerio de Interior y Justicia; y los relacionados directamente con el esquema de cómo funcionará el sistema de salud, las prestaciones y las nuevas obligaciones para el cuerpo médico, a cargo del Ministerio de la Protección Social.

Quizá el tema más crítico y que ha generado la mayor polémica tiene que ver con la pérdida de autonomía de los médicos, contenido en el decreto 131, ya que en este se ordena a los profesionales ceñirse a unos estándares o guías para formular medicamentos o tratamientos y, en caso de apartarse de ellos, enfrentarían multas de hasta $15 millones.

Fue tal el revuelo causado por este decreto que resultó ser el primero en corregirse a través de un decreto reglamentario expedido la primera semana de febrero en el que se devuelve la autonomía a los médicos, señala que las guías no serán obligatorias y que serán los comités de ética médica los encargados de juzgar los casos en que puedan denunciarse irregularidades.

El decreto 131 señala igualmente que el POS debe priorizar la atención de medicina de mediana y baja complejidad y “admitirá el acceso al manejo especializado o de mediana y alta complejidad cuando se cuente con la evidencia científica y costo-efectividad que así lo aconseje”. Esto desvirtúa el espíritu de la Ley 100 y la esencia misma del sistema de aseguramiento en salud que busca justamente proteger a los usuarios de las enfermedades más costosas y de eventos catastróficos que los puedan llevar a la ruina.

Otro decreto, el 128, también fuertemente cuestionado, establece las ‘prestaciones excepcionales en salud’; es decir, los eventos No POS. Indica que los tratamientos considerados como prestaciones excepcionales tendrán que ser financiados con recursos del patrimonio familiar del afectado, sus pensiones voluntarias o cesantías, y abre la posibilidad de que el Gobierno reglamente líneas de crédito para estos eventos catastróficos. La corrección de este decreto fue ordenada por el presidente Uribe la noche del viernes 12 de febrero, pero al cierre de esta edición no había sido plasmada en un decreto, razón por la cual lo estipulado en el decreto 128 sigue vigente.

El punto neurálgico del debate sobre los decretos de la Emergencia Social es que, de conservarse los decretos expedidos de forma apresurada, se estaría atentando contra la esencia misma del sistema de aseguramiento en salud ya que la universalización que en ellos se propone solo cubre los temas básicos de medicina y deja por fuera las prestaciones excepcionales en salud, exponiendo a la población colombiana al riesgo financiero de enfermarse.


Tomado de Dinero, 19/02/2010