Opinión| 30 Ene 2010 - 11:59 pm
Por: Héctor Abad Faciolince
Es obvio que cualquier ciudadano, estudiante o no, empleado o desocupado, joven o viejo, debe denunciar a las autoridades si alguien comete una violación, un robo, una extorsión o un asesinato. Pero esto debe hacerse como un deber cívico elemental y no con la esperanza de una recompensa.
Vargas Llosa recordaba en estos días que, durante la dictadura odriísta, cuando estudiaba en la universidad en Lima, “vivía en una inseguridad total. No sabías si el compañero de tu costado era un soplón enviado por el gobierno porque la universidad estaba impregnada de soplones”. Algo así nos quieren hacer aquí. Proponer que los estudiantes de universidades sean informantes a sueldo del Ejército, supuestamente para defender la Seguridad Democrática, es una barbaridad del más puro talante autoritario. Esto solamente alimentaría el clima de desconfianza entre estudiantes y vecinos, la molesta sensación de ser vigilados por cualquier muchacho que se convierta en informante de los organismos de inteligencia, incluso por delitos de opinión o de palabra, y no precisamente porque amenacen o maten. Ya me imagino a la supuesta inteligencia del Ejército recibiendo información de supuestos estudiantes de la universidad, o más bien, de para-estudiantes, sobre otros estudiantes o profesores a los que no les guste que un mismo presidente se quede de por vida en el poder, como cualquier monarca.
La disculpa para este exabrupto son los asesinatos en Medellín. El aumento de los homicidios en Medellín no se origina en las universidades (esa bestia negra y chivo expiatorio de las extremas, desde siempre), sino en las mafias del narcotráfico y en los paramilitares reciclados como mafiosos urbanos que extorsionan, boletean e imponen con brutalidad homicida su dominio territorial. La disputa por el poder de los mafiosos y paramilitares extraditados es la fuente de esta racha de homicidios. Para controlar estos poderes de hecho, que usan armas potentísimas y amedrentan a la población, se requiere una policía que los persiga, una fiscalía que los acuse, unos jueces que los condenen, y una fuerza pública que haga cumplir la ley. No es necesaria la delación pues ya se sabe quiénes son y por dónde se mueven; lo que falta es la fuerza para neutralizarlos y llevarlos presos. Lo realmente grave es que haya habido fiscales regionales (pertenecientes a los grupos políticos del Gobierno) que son aliados y cómplices de las nuevas mafias de Medellín.
Uribe prometió desde hace meses enviar a Medellín 500 policías más para cumplir con este cometido que el Alcalde y las autoridades locales tienen muy claro. No ha cumplido la promesa y para disimular su incumplimiento, propone los estudiantes informantes. Alonso Salazar sabe lo que hay que hacer en ciertas zonas de la ciudad, pero al Gobierno central no le conviene que a una Alcaldía independiente y no uribista le vaya bien. Cuantos más homicidios haya en Medellín, peor para Fajardo y mejor para la reelección de Uribe. Al fin y al cabo Fajardo es el único candidato que tiene músculo para ganarle las elecciones al Presidente. Por eso en el Gobierno central no quieren mover ni un dedo a favor de las ciudades que no estén administradas por adeptos del uribismo. Cali, Cartagena, Barranquilla, padecen la misma angustia que Medellín: la seguridad democrática selectiva, la Policía en las zonas uribistas y el abandono policial en las ciudades gobernadas por la oposición al Presidente Perpetuo.
Seguridad democrática para los municipios de alcaldes uribistas. Inseguridad paramafiosa o neoguerrillera para los demás. Y estudiantes soplones en las aulas. Una buena manera de hacer campaña electoral y de decir: sólo donde gobierna Uribe hay seguridad.
Héctor Abad Facio Lince
Tomado de El Espectador.com
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