Opinión| 27 Ene 2010 - 9:31 pm
Por: José Fernando Isaza
Al comparar el gasto militar con el “conteo de cuerpos”, se deduce que retirar efectivamente un guerrillero compromete recursos inmensos. En el período 2002-octubre 2009, la guerrilla ha disminuido de 20.600 a 11.500 combatientes. El gasto militar acumulado, en el mismo período, equivale al 30 o 38% del PIB, según las diferentes metodologías. Suponiendo que sólo la tercera parte de esta cifra se dedique al conflicto interno, se puede concluir que el retiro de un guerrillero ha comprometido el gasto público en la alucinante cifra de $5.400 millones. La guerrilla, violando el Derecho Internacional Humanitario, recluta menores de edad, con un costo cientos de veces inferior al que la sociedad incurre para retirarlo y así mantienen un número de combatientes que justifica la militarización.
Estudios de la O.I.M. muestran que más de las tres cuartas partes de los menores reclutados declaran que lo hacen voluntariamente, no por razones ideológicas sino como una opción de supervivencia. Otra motivación es la necesidad de reconocimiento, y la creencia de que las armas se lo otorgan. Muchos de los reclutados provienen de entornos familiares desintegrados y son víctimas del maltrato físico y de la exclusión. El pertenecer a un grupo armado, legal o ilegal, es un medio de obtener el “respeto” que la familia o la sociedad les han negado.
Un investigador de crímenes atroces, en los Estados Unidos, refiere que, en las entrevistas de los criminales, éstos le decían que nunca habían visto miradas más respetuosas que las de sus víctimas cuando las encañonaban antes de dispararles.
Un motivo de reflexión es si toda la propaganda masiva de elogio al militarismo, al orgullo de portar armas y manejar aparatos de guerra tiene el efecto de propaganda genérica, pues para muchos adolescentes marginados el camino al éxito es el arma y el uniforme, así éste corresponda al ejército constitucional, a la guerrilla o a la delincuencia común.
Con el apoyo financiero de una multinacional, la Fundación Colombia Oportunidad, que estuvo dirigida por el actual viceministro de Justicia (el autor de esta columna es miembro de su Junta Directiva), se inició una serie de proyectos en zonas de reclutamiento ilegal de jóvenes y adolescentes. Al contenido educativo se le agregó un componente de trabajo remunerado. Así, mientras se capacitan en manejo de producción de pesca o en remodelación de edificios con valor arquitectónico, los estudiantes reciben un apoyo monetario. Este estipendio tiene un efecto de generarles “respeto” y autoestima. Los resultados han sido satisfactorios, trabajando en zonas de reclutamiento ilegal como son Ciudad Bolívar, Soacha, Urabá, Cauca, Norte de Caldas, etc. Los adolescentes vinculados han encontrado formas diferentes a las armas para encontrar una opción de vida que les ofrece reconocimiento personal y social. Las zonas de reclutamiento ilegal están concentradas y la población objetivo se estima en un millón de adolescentes. Los resultados humanos y económicos de actuar preventivamente contra el reclutamiento ilegal tienen efectos altamente positivos comparables a la efectividad de los programas de vacunación y prevención de las enfermedades controlables.
* Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano
Tomado de El Espectador.com
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