Alejandro Gaviria advirtió en su última columna una noticia que ha debido registrarse con alarma: el número de homicidios se disparó en un 16 por ciento el año pasado. Según Medicina Legal, hubo 16.363 muertes causadas por homicidas en Colombia en el 2009. Estas cifras difieren de las publicadas por la Policía, que a comienzos de enero anunció un descenso del 2 por ciento, con un total de 15.817 homicidios al cierre del 2009.
El primer interrogante que surge aquí es, por supuesto, sobre la discrepancia significativa en las estadísticas de dos instituciones oficiales. Esto no es novedoso. Un estudio de Jorge Alberto Restrepo y Katherine Aguirre muestra muy bien cómo, entre 1998 y el 2006, las cifras sobre homicidio colombiano variaron de acuerdo con diferentes fuentes: Medicina Legal, Policía y Dane.
Durante ese período, sin embargo, las tres fuentes coincidieron en las tendencias, mientras la brecha entre ellas parecía "cerrarse con el tiempo". Ahora no. Estamos frente a una doble discrepancia, en las dimensiones y en la tendencia del problema.
En cualquiera de los casos, las noticias no son buenas. Aun si tomamos el mejor escenario presentado por la Policía, la caída del 2 por ciento es inferior a la registrada por la misma institución el año anterior. Y aun si puede considerarse como un avance general positivo, tan mínima caída contrasta con los graves aumentos en las grandes ciudades del país: Medellín (64 por ciento), Cali (17 por ciento) o Bogotá (10 por ciento), según el mismo informe de la Policía. En algunos casos, el deterioro sería más dramático, según Medicina Legal: los homicidios se habrían duplicado en Medellín, e incrementado 40 por ciento en Sincelejo y 25 por ciento en Cartagena.
En cualquiera de las fuentes, seguimos frente a un problema de dimensiones horrorosas, una verdadera catástrofe humanitaria continuada a lo largo ya de muchos años. Es cierto que la situación ha mejorado desde el 2002. Pero importa insistir en que, tras la notable caída de los homicidios hasta el 2005, la tendencia ha sido desde entonces hacia el estancamiento, aunque con avances de algún significado entre el 2007 y el 2008. Sobre todo, importa reconocer que, mientras las cifras de homicidio se mantengan en esos niveles (más de 15.000, según la Policía; más de 16.000, según Medicina Legal), la seguridad y el derecho primordial a la vida siguen siendo los principales retos de la sociedad colombiana.
El Gobierno quiere cabalgar sobre este problema para defender la propuesta reelectoral, con el argumento de que requiere más tiempo para solucionarlo. Como lo sugiere Alejandro Gaviria, lo que se necesita es un "cambio de rumbo". Ello no significa el abandono de lo conquistado, que es mucho y merece ser apreciado. Pero ha habido errores, vacíos y complacencias. Por ello, la continuidad sería un gran obstáculo para dinamizar mayores avances en la que ha sido la política bandera del Gobierno, la seguridad.
El mayor problema del país -la seguridad- tendría que ser el centro del debate de las elecciones presidenciales. Quizá suene contradictorio, pero el objetivo de tal debate tendría que ser despolitizar el tema. El valor de la seguridad es tan básico, tan elemental para construir una sociedad civilizada, que un acuerdo de criterios mínimos alrededor de su garantía tendría que ser no solo posible sino forzoso entre los contrincantes de toda democracia. El Gobierno logró establecer la seguridad como prioritaria en la agenda pública, pero, en vez de una política consensuada, ha preferido mantener el tema como arma partidaria y electoral. Muchos sectores de la oposición parecen resignados a no disputarle esta bandera al Gobierno.
Habría que insistir en las dimensiones descomunales del problema de la seguridad. Sin un acuerdo fundamental para enfrentarlo, entre las distintas fuerzas políticas y sociales, otras generaciones seguirán condenadas a sufrir las tasas de homicidio más altas del mundo.
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